Para poner fin a la disputa legal en Estados Unidos, el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, llegaron a un acuerdo con las familias de las víctimas de octubre de 2003, para pagar un monto de resarcimiento, a cambio de evitar mayores acciones de parte de los demandantes. 

Las partes acordaron en no divulgar el monto del resarcimiento pactado.

La información fue difundida este jueves por el Centro de  Derechos Constitucionales, que patrocina a los demandantes: ocho familias de víctimas de los hechos de 2003 y que denunciaron a Goni en la justicia de Estados Unidos.

La conciliación prohíbe que los demandantes realicen mayores acciones contra los demandados, respecto a los hechos de 2003. Además especifica que la decisión de conciliar no implica que Goni y Sánchez Berzaín admitan responsabilidad.     

En el marco de este proceso que se desarrollaba en Estados Unidos, en 2018 un jurado federal en Florida declaró a Goni y Sánchez Berzaín  culpables de los asesinatos y concedió una indemnización de 10 millones de dólares a los demandantes.

Tras este acuerdo, los demandados retirarán su apelación y el veredicto del jurado de 2018 permanecerá en vigencia, según el Centro de  Derechos Constitucionales.

“Cuando comenzamos con el juicio, todo el mundo nos dijo que Goni estaba por encima de la ley. Me siento orgulloso de que el pueblo Aymara ha mostrado al mundo que ningún político, sin importar lo rico o poderoso que sea, goza de impunidad absoluta”, dijo Teófilo Baltazar, uno de los demandantes del juicio, según el Centro de  Derechos Constitucionales.

El abogado Thomas Becker, que representó a los demandantes, destacó que con este juicio se muestra que se puede hacer responsables a los líderes mundiales se han refugiado en los Estados Unidos después de cometer abusos atroces.

Las violaciones a los derechos humanos en este caso, se registraron durante manifestaciones en la ciudad de El Alto que fueron reprimidas por fuerzas estatales.    

 Entre los demandantes se encontraban Etelvina Ramos Mamani y Eloy Rojas Mamani, cuya hija de 8 años, Marlene, fue asesinada delante de su madre cuando una bala entró por la ventana de su casa; Teófilo Baltazar Cerro, cuya esposa embarazada fue asesinada cuando una bala penetró la pared de una casa; Felicidad Rosa Huanca Quispe, cuyo padre de 69 años fue baleado y asesinado al borde de la calle; y Gonzalo Mamani Aguilar, cuyo padre fue baleaado y asesinado mientras cuidaba sus cultivos. 

Durante el juicio que duró tres semanas en 2018, los testigos relataron que los tanques circularon por las calles y que los militares dispararon durante horas y horas, incluso dentro de las casas y a civiles desarmados que huían. Un exmilitar testificó que le dieron la orden de disparar a “cualquier cosa que se moviera.”. Otro testigo narró que vio a un oficial matar a un soldado que se negó a disparar contra el pueblo desarmado, según reseñó el Centro de Derechos Constitucionales.

La declaración conjunta de las partes

Después de una década y media de litigio, los Demandantes y los Demandados concuerdan en que es momento de resolver su disputa legal. En consecuencia, las Partes han logrado una conciliación que proporciona una compensación para las familias de los Demandantes y exoneraciones legales que prohíben cualquier acción adicional de cualquier tipo por parte de los Demandantes contra los Demandados en relación con los eventos que ocurrieron en Bolivia en septiembre y octubre de 2003. La decisión de conciliar no significa que los Demandados admitan responsabilidad por los eventos en cuestión. Las Partes han acordado no divulgar ningún término de su acuerdo de conciliación.