Tres audiencias fueron suspendidas este martes, 27 de diciembre, por la inasistencia del coimputado David T. L., representante legal de la empresa Construcciones Viales S.A. (Convisa), quien argumentó que estaría con Covid-19 para justificar su ausencia ante la autoridad jurisdiccional en el caso denominado ‘Puente Millonario II’.

“En esta oportunidad el representante legal de la empresa Convisa, quien ejecutó el Puente Millonario, no se ha hecho presente porque supuestamente él tendría Covid 19, desgraciadamente debido a este motivo se han suspendido las audiencias”, informó el representante de la Procuraduría, Efraín Almaraz, en entrevista con Bolivia TV.

El jurista detalló que se tenía previsto que durante esta mañana se desarrollé un incidente de nulidad, una de excepción y una audiencia de medidas cautelares. Sin embargo, por la ausencia del coimputado la juez determinó que estas audiencias sean suspendidas hasta el 3 de enero de 2023.

Reprochó que, en este caso, la defensa del imputado solo hubiera presentado una fotocopia simple del certificado médico. Por esta razón tendrían hasta 24 horas para presentar el documento original que corroboré que el coimputado este con coronavirus.

Por su parte, la fiscal Lorena Vargas señaló que las primeras dos audiencias fueron interpuestas por el coimputado, pero por la presentación del certificado médico y su supuesta situación de salud retrasa la audiencia de medidas cautelares en la que se pide su detención preventiva.

Remarcó que la Fiscalía está preparada para la próxima audiencia en la que sustentará y defenderá la imputación formal en contra del representante de la empresa que construyó el denominado puente millonario.

En este caso, también están imputadas otras cinco personas, entre ellas el exalcalde y actual senador de Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo Paz, quien en las próximas horas deberá responder ante la justicia por la presunta comisión de al menos tres delitos en su audiencia de medidas cautelares.

La construcción del puente “millonario” inició el 10 de julio de 2018, cuando Paz Pereira estaba como alcalde. La obra, que fue adjudicada a Construcciones Viales demandó una inversión de 73,2 millones de bolivianos y aún está inconclusa.

La fiscalía presume que los imputados incurrieron en los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, incumplimiento de deberes, entre otros, “por presuntas irregularidades y actos de corrupción en la ejecución de la obra del Puente 4 de Julio”, de acuerdo a ABI.