La Gobernación de Tarija está al borde de su cierre debido al congelamiento de sus cuentas por una deuda de Bs 184 millones con la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) de la gestión del exgobernador interino del MAS, Lino Condori.

Hace dos meses que en la entidad subnacional no se puede mover el dinero de las regalías ni pagar a las empresas contratistas y transferir a los Gobiernos Municipales.

ENDE, a través de un fallo judicial en 2020, busca que la Gobernación tarijeña cancele la deuda por el compromiso de la anterior autoridad por la construcción del Anillo Energético para que Tarija sea incorporada al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

"Si la justicia ordena que esos recursos estén congelados y vayan a las cuentas de esa empresa, lamentablemente no queda otro camino que cerrar la Gobernación por lo menos tres meses, con suspensión de actividades sin goce de haberes y dejar en suspenso todos los programas que se financian con recursos de las regalías", afirmó el gobernador Óscar Montes.

El director de Políticas Públicas de la entidad subnacional, Andrés Castellanos, lamentó que ENDE haya rechazado las propuestas de planes de pago enviadas en su momento para saldar esa deuda contraída en la gestión de Lino Condori.

"De los Bs 184 millones, nos quedan por pagar Bs 143 millones, que incluyen costas e intereses. Hemos solicitado antes un fideicomiso al Ministerio de Planificación para pagar ese monto, pero nos rechazó bajo el argumento  de que el proyecto no era concurrente, sino una deuda contraída por la Gobernación, a pesar de cumplir con los requisitos",  explicó Castellanos.

Tras esa respuesta, la Gobernación activó los trámites ante el Banco Bisa para acceder a un crédito de Bs 122 millones y al que se agregarán Bs 21 millones de recursos propios para pagar la deuda vigente con ENDE.

El gobernador y su gabinete económico aguardan que se concrete ese monto de la entidad bancaria para evitar el cierre institucional.

"Si no sale el crédito, se tendrá que cerrar la Gobernación por tres meses y eso va afectar a los proyectos del Prosol, el pago de ítems de salud y de educación, el mantenimiento de los caminos y la entrega de la canasta alimentaria para los adultos mayores", advirtió Castellanos.